Cotizada mano de obra
El futuro del proyecto Conga sería determinante en el desarrollo de próximos proyectos mineros en el país. Hay muchas cosas aún por definir y varios roles que delimitar para que lo que está sucediendo en Conga no se repita.
Que no quepa duda que el desenlace que tendrá el proyecto minero Conga será muy importante para el futuro de la minería peruana por muchas razones. Se trata del primer proyecto que podría ser frustrado bajo el régimen del presidente Ollanta Humala. Además, tiene todos los elementos de otros casos como el de Santa Ana, en Puno; Tía María, en Arequipa; o el conocido Tambogrande, en Piura; donde la radicalización de la protesta culminó en la suspensión total del proyecto. Si lo mismo sucede con Conga, la protesta antiminera se fortalecerá. Pero sobre todo la resolución de Conga será importante porque se trata de un proyecto emblemático, considerando la inversión que está en juego y los recursos que su desarrollo generará no solo para Cajamarca sino para todo el país. Si Conga no se desarrolla es probable que los demás proyectos mineros que vengan en los próximos años también tengan problemas de la misma índole.
En ese sentido, Conga es un laboratorio que podría determinar cuál será el estilo por el que se resolverán los conflictos sociales alrededor de la explotación minera en el presente régimen, donde se vislumbran proyectos mineros por un valor de hasta US$30,000 millones. Es por eso que todos los actores involucrados en el tema están sacando sus mejores cartas para imponer a la opinión pública sus motivos para que el proyecto continúe o se detenga indefinidamente.
El anuncio del desarrollo del proyecto Conga, de propiedad de Minera Yanacocha (cuyos accionistas son Newmont Mining, Compañía de Minas Buenaventura y la International Corporate Finance. Este último brazo financiero del Banco Mundial) no es reciente. La minera lleva casi diez años evaluando la factibilidad de este proyecto ubicado en la parte noreste del actual complejo minero. Se trata de un depósito de oro (76,6%) y cobre (84,6%), donde se obtendría cerca de 8,9 millones de onzas de oro y se recuperarían 2,6 billones de libras de cobre.
La inversión que se desembolsará es de US$4.800 millones y se generarán recursos por US$4.076 millones en los 19 años de vida útil de la mina (a un precio del oro promedio de US$1.300 la onza y el cobre a US$4 la libra). Asimismo, la construcción del proyecto demanda una fuerza laboral cercana a las 6 mil personas. Sin embargo, la polémica alrededor del proyecto se ha generado sobre la base de la desaparición de cuatro lagunas (Azul, Chica, Mala y el Perol), cuyos recursos acuíferos serían reemplazados por cuatro reservorios que permitirán duplicar el volumen de agua del que actualmente se dispone con las lagunas naturales.
Yanacocha ha realizado un paciente Estudio de Impacto Ambiental por cerca de cuatro años, para lo cual ha desarrollado 110 eventos informativos en los 32 caseríos de la parte rural y 41 en cuatro centros urbanos. Sin embargo, estos no habrían sido suficientes para aquietar la preocupación de Cajamarca.
El presidente regional, Gregorio Santos, considera que el proyecto es inviable porque alterará no solo el paisaje superficial, sino el sistema hídrico subterráneo de la zona, aspecto que hasta el momento no ha logrado sustentar con un estudio técnico. En ese sentido, también ha sumado a su disconformidad criterios políticos, al indicar que tras 18 años de explotación minera en Cajamarca no se ha logrado mejorar la calidad de vida de los cajamarquinos; en especial de los que se encuentran en las zonas rurales. Por ello está proponiendo el desarrollo de un plan eco turístico ambiental para los siguientes años que reemplace los ingresos que generará Conga. Esta propuesta suena incongruente cuando se comparan los ingresos que deja el sector minero y los que genera la actividad turística en una plaza como Cusco, el principal atractivo turístico que tiene el país, que apenas llega al 8% sobre los ingresos generados por la minería de esa región.
Lo grave de esta actitud es que pese a que Yanacocha ha cumplido con todas las exigencias del Estado para desarrollar el proyecto, la presión social liderada por el presidente regional está haciendo que se alteren los principios del Estado de Derecho que ampara a las personas jurídicas, como es el caso de la minera. El director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, César Guzmán Barrón, indica que en Cajamarca el Gobierno Regional cerró abruptamente el proceso del derecho de Yanacocha, desconociéndolo; lo cual es grave en un país.
«Nos encontramos en una situación especial, porque el nuestro es un Estado-nación, único, donde los gobiernos regionales no son estados (como sucede en Estados Unidos o México, donde los estados tienen facultades para dictar sus propias normas). Aquí los gobiernos regionales tienen facultades para dictar ordenanzas, pero hasta cierto límite. En el caso de las actividades extractivas queda muy claro en la ley vigente que quien autoriza la actividad de las grandes empresas mineras es el gobierno central», señala.
ROL ESTATAL
Frente a esta situación el rol del Gobierno tampoco ha sido positivo: se han mandado pocos mensajes de firmeza y confianza respecto a cómo resolver el problema. Quizás el más enfático haya sido la que dio el presidente Ollanta Humala, al indicar que el proyecto Conga es importante para el país porque permitirá generar los recursos necesarios para la gran transformación y la inclusión social.
"Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro", indicó en Palacio de Gobierno.
Sin embargo, los mensajes dados al interior del Gabinete no han sido tan claros como el mensaje dado por el presidente. Así, mientras el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrar Descalzi, indicaba que tras la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga no se habían hallado irregularidades, el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, indicó a través de un informe que el EIA del proyecto tiene objeciones ambientales. Días antes, el ministro había indicado que el EIA tampoco había valorizado adecuadamente el servicio ambiental que prestan las lagunas que serán trasvasadas.
Otro mensaje que disparaba hacia cualquier lado fue el dado por el presidente Humala al indicar que se establecería una oficina de monitoreo ambiental adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que supervisaría los estudios ambientales aprobados por el sector minero y que discreparan con la población. Este anuncio tuvo como desenlace la renuncia del viceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, quien indicó que se estaban dando encargos a la PCM de temas que son propios del Ministerio del Ambiente, en ese sentido, antes de fortalecer y de crear confianza a este despacho se le menoscababan funciones.
Por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, no solo se convirtió en un opositor del proyecto, sino del Estado al que pertenece. De esta manera, fue instigador del desorden público y no quiso tender los puentes hacia el diálogo, tomando una actitud recalcitrante alrededor del pedido de que se detenga la construcción de Conga y el proyecto sea declarado inviable. En ese sentido, el presidente regional Gregorio Santos, ha dejado que gobiernen las masas y ha interpretado el sentir de los cajamarquinos convirtiéndose básicamente en un canalizador de las protestas antes que un representante y líder de la población cajamarquina.
Mientras tanto, Yanacocha con la finalidad de aquietar las aguas ha suspendido el desarrollo del proyecto para tender puentes al diálogo. En una conferencia dada en conjunto con el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, el vicepresidente de Sudamérica de Newmont Mining, Carlos Santa Cruz, indicó que la minera se sujetaba al planteamiento del Gobierno de hacer una minería responsable donde se informe debidamente a la población acerca de los detalles del proyecto.
Finalmente, ante la intransigencia de los líderes de Cajamarca el Gobierno declaró en Estado de Emergencia a cuatro provincias de esa región, suspendiendo derechos constitucionales, algo que muchos sectores del país reclamaban para imponer el Estado de Derecho en esa región y hacer prevalecer el principio de autoridad que con las manifestaciones y el paro regional (que duró once días) se trastocaron. Sin embargo, el tema aún no está resuelto.
EL NUEVO ENFOQUE
Hay problemas de fondo tras la situación de Cajamarca que han sido puestos en relieve con el debate generado alrededor de Conga: el primero de ellos es la falta de confianza de la población ante los EIA. En ese sentido, se sigue discutiendo el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas (organización promotora del sector) sea el que apruebe estos instrumentos de control y monitoreo ambiental, mientras que el Ministerio del Ambiente sea el que supervise aleatoriamente algunos de estos estudios.
Asimismo, un segundo problema de fondo está relacionado a los mecanismos de relacionamiento que están desarrollando las mineras. En el caso de Conga, según versiones de los propios ejecutivos, el relacionamiento se basó principalmente en el primer anillo de impacto social, mientras que a los demás pobladores no se les dio información profunda respecto al proyecto, lo que habría generado las protestas.
El otro problema de fondo es el desempeño de los Gobiernos Regionales. Estos antes de convertirse en promotores de la inversión son canalizadores de frustración ante el Gobierno Central. Actualmente, los Gobiernos Regionales no tienen competencia en la gran minería, pero sí la tienen en la pequeña minería y minería artesanal, el control que ejercen son sobrepasados por la minería informal; sin embargo lejos de contrarrestarlo enfocan sus esfuerzos en la minería formal porque les genera mayor cobertura periodística. En ese sentido, se tendría que buscar comprometer a los Gobiernos Regionales en la fiscalización monitoreo y promoción de la inversión minera, considerando que es este sector el que logra conseguir recursos de una manera rápida para enfrentar la situación de extrema pobreza en las zonas donde justamente opera la minería.
Finalmente, hay un rol del Gobierno Central de garantizar el desarrollo y prosperidad de todos los sectores económicos del país. Si bien el mensaje, dado por el presidente del Consejo de Ministros, de que los futuros proyectos mineros deberán ser consensuados (lo que implicará un mayor esfuerzo para las mineras de dar a entender a las poblaciones acerca de la naturaleza de sus proyectos) también hay un rol del Estado para que los beneficios económicos generados por el sector minero lleguen rápido y en forma eficiente a las poblaciones que conviven con esta actividad. Si esto sucede, es probable que situaciones de convulsión social vividas en las anteriores semanas en Cajamarca formen tan solo parte de nuestro recuerdo.
